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En Nicaragua, la transición de la Colonia al Estado Nacional fue particularmente dolorosa, pues el militarismo y el caudillismo se insertaron en el contexto de una profunda rivalidad regional entre León y Granada, que constituían virtuales ciudades-estado; es decir, núcleos políticos y económicos casi autónomos cuyo dominio se extendía sobre las regiones circundantes.
León, capital de la provincia durante la Colonia, era el centro político, intelectual, religioso y comercial del Partido de Occidente, Nueva Segovia y parte de Matagalpa, cuya población total llegaba a los 122 mil habitantes. A través de su puerto, el Realejo, intercambiaba productos con los puertos centroamericanos y suramericanos en las costas del océano Pacífico.
Granada era una importante plaza comercial debido a su control sobre la salida hacia mar Caribe, por la vía del lago de Nicaragua y el río San Juan. Además, era el centro económico de las fértiles tierras de Masaya y Rivas, así como de la ganadería chontaleña. Esta ciudad-estado constituía el eje de los departamentos Oriental y Meridional, así como de una parte de Matagalpa; en conjunto, controlaba una población aproximada de 135 mil habitantes.
Las Guerras Civiles
A la secular rivalidad entre León y Granada se sumó el choque entre los partidarios del sistema republicano y los monarquistas que apoyaron la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano en 1822. El 16 de enero de 1823, un movimiento encabezado por Juan Argüello, Manuel Antonio de la Cerda y otros criollos republicanos tomó control de Granada con el apoyo de Cleto Ordóñez, carismático caudillo popular y hábil artillero.
Aunque Iturbide fue depuesto de su trono en México el 19 de marzo de ese mismo año, en la lejana provincia de Nicaragua los odios políticos atizados por la anexión no se aplacaron. Las fuerzas republicanas ganaron control sobre Granada y León mientras que los criollos conservadores, encabezados por las familias Sacasa y Chamorro, el obispo Nicolás García Jerez y algunos ex funcionarios españoles, se atrincheraron en las villas de Managua y El Viejo. En 1824, estalló una cruenta guerra civil que se prolongó hasta enero de 1825, cuando una misión encabezada por el general salvadoreño Manuel José Arce, obligó a ambos bandos a firmar la paz.
Concluida el conflicto militar, se procedió a elegir a las nuevas autoridades del Estado. El poder ejecutivo quedó en manos de Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello, como Jefe y Vice-jefe, respectivamente. Asimismo, se conformó una Asamblea Legislativa que promulgó, el 8 de abril de 1826, una Constitución Política por la cual Nicaragua se organizó como un Estado de la República Federal de Centroamérica.
Sin embargo, la paz no duró mucho. En 1827 estalló una guerra regional cuando el Presidente de la Federación, apoyado por los conservadores guatemaltecos, intentó imponer su autoridad sobre los Jefes de Estado. Los sectores liberales en toda Centroamérica se unieron bajo el liderazgo del general hondureño Francisco Morazán.
Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello tomaron partidos contrarios, el primero con los conservadores y el segundo con los liberales. Pronto estalló una guerra entre ambos que culminó con el fusilamiento de Cerda en Rivas, el 17 de noviembre de 1828.
Poco después, el general Francisco Morazán asumió la presidencia de la Federación, y colocó en la jefatura de Nicaragua a su tío político Dionisio Herrera. Sin embargo, la resistencia a las reformas impulsadas por Morazán y los gobiernos liberales desencadenó otras dos guerras federales, en 1831-1833 y 1837-1839.
Estos hechos repercutieron en la vida política nicaragüense. En enero de 1837, fue asesinado el Jefe de Estado José Zepeda, quien, al igual que Herrera, pertenecía a la red familiar de Morazán.
El 30 de abril del siguiente año, la Asamblea Constituyente de Nicaragua rompió con la Federación, y condicionó el retorno a la unión centroamericana a la firma de un nuevo pacto que garantizara la autonomía administrativa interna de cada Estado.
En 1844, la tradicional rivalidad entre Granada y León se vio agudizada debido a la modificación de sus jurisdicciones administrativas. De acuerdo a la división territorial contemplada en la Ley Electoral de 1838 el distrito de Managua pertenecía al Departamento Oriental, cuya cabecera era Granada.
Sin embargo, el ayuntamiento de Managua se negó a seguir pagando impuestos a la cabecera departamental, acusando a la “aristocracia” granadina de derrocharlos. Asimismo, pidió formar parte del Departamento Occidental, y el gobierno central aprobó su solicitud el 29 de enero.
El Cabildo de Granada atribuyó esta decisión a la influencia del Comandante General de Armas, el leonés Casto Fonseca, quien se había convertido en el árbitro de la vida política del país desde el asesinato del Jefe Zepeda.
Las rivalidades internas del país se entrecruzaron con los conflictos regionales entre conservadores y liberales. En 1844, el caudillo salvadoreño Francisco Malespín invadió Nicaragua donde se habían refugiado algunos partidarios y familiares del ex presidente federal Francisco Morazán. Como resultado, en enero de 1845 la ciudad de León fue reducida a cenizas.
El Caudillismo
Una vez derrotados los leoneses, el control del poder ejecutivo pasó a manos del hacendado granadino José León Sandoval, quien fue electo Director Supremo en 1845. Sin embargo, sus esfuerzos por reorganizar el Estado se vieron obstaculizados por las rivalidades entre los caudillos regionales.
Los caudillos eran, por lo general, fuertes terratenientes que tenían mucha influencia sobre sus peones. Sin embargo, también surgían líderes de los sectores marginados, que se distinguían por su capacidad para aglutinar a las masas rurales o urbanas. El carisma, o poder de atracción personal que gozaban los caudillos dependía, en buena medida, de su proyección como héroes, gracias a su audacia, fuerza física o valor.
A cambio de apoyo militar, los caudillos recibían prebendas y privilegios si el líder principal lograba conservar o hacerse del poder. Las prebendas incluían, con frecuencia, cargos públicos e impunidad en casos de corrupción. De esta manera, las actividades militares y políticas se transformaron en un medio de enriquecimiento y ascenso social. El caudillismo funcionaba, pues, como un sistema de clientelismo en forma de pirámide, con jefes locales, regionales y nacionales. Lo que unía al caudillo y a sus seguidores no era un conjunto de ideas o principios, sino más bien un sentido de lealtad personal.
Fruto Chamorro, hijo de un rico hacendado granadino y de una indígena guatemalteca, emergió a mediados de la década de los cuarenta como líder de los conservadores del Departamento Oriental. Por su parte, los liberales leoneses encontraron un fuerte aliado en el militar guatemalteco Trinidad Muñoz, quien ocupaba los cargos de Jefe del Ejército y Diputado ante la Asamblea Nacional. Cada uno reclutaba su clientela política por intermedio de líderes locales, que bien podían ser un párroco influyente, un alcalde indígena, o una figura carismática y temeraria como Bernabé Somoza.
La resistencia de las élites regionales al proceso de centralización del Estado se convirtió en otro foco de tensiones. Los poderosos terratenientes y comerciantes, acostumbrados a mandar desde los cabildos de las ciudades, recelaban de los Prefectos, Comandantes de Plaza, Fiscales de Hacienda y otras autoridades nombradas por el poder ejecutivo, considerándolos intrusos enviados desde la lejana capital.
El Difícil Equilibrio entre los Poderes del Estado
A la par de las pugnas localistas tradicionales, en 1847 se abrió un debate político en torno a los atributos de los distintos poderes del Estado y la organización de las fuerzas armadas. Los conservadores proponían reformar la Constitución Política de 1838, para fortalecer el Poder Ejecutivo bajo el mando de un Presidente. En caso de insurrección o invasión externa, éste podría disponer de las fuerzas permanentes del Estado y de las milicias sin previa autorización del Congreso. Además, las reformas pretendían centralizar el poder político en manos de los propietarios, mediante el establecimiento de requisitos económicos para el ejercicio del derecho al voto y el desempeño de cargos públicos.
Los liberales, encabezados por el prestigioso jurista granadino José Benito Rosales, argumentaron que el establecimiento de requisitos económicos para optar a los cargos públicos era de espíritu "aristocrático", e implicaría subordinar la inteligencia al dinero, pues en Granada no habían sesenta personas cuyo capital alcanzara la suma de dos mil pesos.
Por otra parte, los conservadores proponían eliminar el artículo 45º de la Constitución de 1838, que consignaba el derecho del pueblo a la insurrección en caso de que las autoridades electas violaran las garantías individuales. Además, su proyecto otorgaba al Ejecutivo la potestad de suspender el régimen constitucional en caso de desorden interno. Rosales argumentó que ello dejaría sin efecto las obligaciones de los ciudadanos de pagar impuestos y defender la Patria con las armas. Con una lógica inspirada en Rousseau, señalaba:
"Dirán entonces los nicaragüenses al Dictador: si no hay pacto ninguno, si nuestros derechos no existen, tampoco hay ningunos deberes para nosotros. Porque ¿donde podrían estar estos últimos, cuando no se encuentra la carta en que están escritos, y cuando están suspensos los derechos, que son correlativos con los deberes? ¿Cuál es ese contrato social en el mundo entero, donde toda la obediencia sea para el pueblo, y para el gobierno todo el mando?"
Deficiencias del Sistema Electoral
Por otra parte, las elecciones no cumplían su función democrática, pues los reglamentos otorgaban mucho poder a las autoridades locales para supervisar y controlar este proceso. En consecuencia, los caudillos locales lograban intimidar a los votantes, impidiendo que las elecciones contribuyeran a garantizar la legitimidad de las autoridades del naciente Estado republicano.
El desarrollo de las elecciones en Matagalpa, en 1853, ilustra este tipo de situación. Ese año, los candidatos más fuertes para ocupar el cargo de Supremo Director eran el granadino Fruto Chamorro y el leonés Francisco Castellón. A medida que los electores iban llegando al Cabildo, el Prefecto Altamirano, partidario de Chamorro, les daba la bienvenida y les indicaba dónde debían sentarse dentro del recinto. Así, fue ubicando a cuatro chamorristas en cada extremo de las bancas, y a los partidarios de Castellón en el centro.
Abrió la sesión y, naturalmente, los cuatro primeros se pronunciaron en favor del candidato granadino; cuando el quinto elector lo hizo por Castellón, el Prefecto dio un golpe en la mesa y lo increpó: "¿Qué es eso, señor? ¿Por qué interrumpe usted la votación? ¿No ve usted que se va votando por el General Chamorro?" Luego, ordenó reiniciar la votación por el otro extremo de la banca; nuevamente, cuando llegó el turno de votar a los simpatizantes del candidato leonés, repitió los golpes en la mesa y los regaños.
A los gritos del Prefecto, el capitán de la guarnición departamental entraba al recinto; con las manos colocadas sobre las caderas y, exhibiendo dos pistolas de cañón grueso sobre el abdomen, le preguntaba: "Señor Prefecto, ¿se respeta o no se respeta la autoridad?"
El Detonante de la Guerra Civil de 1854
Como resultado de las elecciones de 1853, el general granadino Fruto Chamorro asumió el cargo de Director Supremo del Estado. Una de sus primeras disposiciones fue retomar el proyecto de reformas constitucionales que había agitado el país desde 1847. El 22 de junio convocó a elecciones de Diputados para conformar una nueva Asamblea Constituyente. Para su disgusto, el cuerpo legislativo quedó integrado por muchos de los opositores a las reformas - entre ellos, el ex Director Supremo José Guerrero, Francisco Castellón, Máximo Jerez y Francisco Díaz Zapata.
El 16 de noviembre, Chamorro acusó a los diputados opositores de conspirar en contra de su gobierno, los apresó y envió al exilio. Depurada de los disidentes, la Asamblea Constituyente elaboró y sancionó una nueva Carta Magna que elevaba a Nicaragua del rango de Estado al de República, lo que implicaba dar la espalda a los esfuerzos que se venían haciendo para reconstruir la Federación Centroamericana. Además, colocaba el Poder Ejecutivo bajo un Presidente que gozaba de un mandato de cuatro años, así como de facultades extraordinarias para imponer su autoridad. Peor aún, los legisladores decidieron no celebrar elecciones al término del periodo de gobierno de Chamorro, sino designarlo de una vez para que continuara a la cabeza del Poder Ejecutivo hasta 1859.
Las resoluciones de la Asamblea Constituyente fueron el detonante de la guerra civil que abrió las puertas a la ocupación filibustera. Los diputados leoneses exilados en Honduras organizaron un ejército bajo el mando del general Máximo Jerez, y se prepararon para derrocar al gobernante granadino. Sumida en la anarquía, Nicaragua se hallaba a merced de los intereses geopolíticos de Gran Bretaña y de Estados Unidos.
Fuente: Kinloch Tijerino, Frances, Nicaragua: Identidad y Cultura Política (1821-1858). Managua: BCN, 1999. |
