DIFERENDO CON HONDURAS

CONSIDERACIONES SOBRE UN TRATADO ENTRE TERCEROS ESTADOS QUE PRETENDE LESIONAR LA SOBERANIA DE NICARAGUA

TRATADO DE DELIMITACION MARITIMA EN EL MAR CARIBE ENTRE HONDURAS Y COLOMBIA
(López-Ramírez)

Introducción

  1. El Tratado  Honduras – Colombia (López – Ramírez) pretende lesionar la soberanía de Nicaragua en el Mar Caribe

  1.     Caso Honduras.

  2.     Caso Colombia.

  1. Afectación por parte de Honduras al Proceso de Integración Centroamericana, al ratificar el Tratado de Delimitación Marítima suscrito con Colombia en 1986, cediendo a un tercer Estado extrarregional, patrimonio territorial centroamericano. 

  1. Tradición integracionista centroamericana

  2. Transgresión de Acuerdos, Resoluciones y Declaraciones del Sistema de la Integración Centroamericana.

  3. Violación de la normativa jurídica de la Integración Centroamericana.

  4. Desestimación de los esfuerzos que ofrecen los mecanismos y órganos del Sistema de la Integración Regional (PARLACEN, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, dialogo bilateral).

  5. Desacato de Resolución de obligatorio cumplimiento del máximo Órgano Judicial Centroamericano (Corte Centroamericana de Justicia).

  1. Nicaragua reitera su voluntad de utilizar los medios de solución pacífica para resolver sus diferencias.

  2. Conclusiones

  3. Anexos

Introducción:

El 2 de agosto de 1986, en un escenario caracterizado por la guerra fría, Honduras y Colombia suscribieron un Tratado de Delimitación Marítima en el mar Caribe, motivados por las circunstancias coyunturales que predominaban en la región centroamericana, como consecuencia del Conflicto Este - Oeste. La suscripción de dicho Tratado se produce inmediatamente después de que Nicaragua demandara a Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Caso concerniente  a Acciones Armadas Fronterizas y Transfronterizas).

Tratado de Delimitación entre Honduras y Colombia, lesiona los derechos soberanos de Nicaragua en el mar Caribe, al pretender imponer a nuestro país, límites de manera unilateral, ilegal y arbitraria, a través de un reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia de sus máximas pretensiones de expansión en el Mar Caribe, en perjuicio de los derechos territoriales de Nicaragua.

Tales pretensiones hondureño - colombianas en el Mar Caribe, no pudieron ser coronadas en su momento, al sufrir dicho Tratado serios cuestionamientos, no sólo por parte de Nicaragua, sino de la propia Honduras. En efecto, el Congreso hondureño desistió de aprobarlo al constatar la existencia de supuestos impedimentos constitucionales, al ceder supuestos territorios hondureños a Colombia.  El Tratado cede a Colombia gran parte del Banco Serranilla, que Honduras pretende reclamar como propio, al incluirlo en el Artículo 10 de su Constitución Política, promulgada en 1982.1 La importancia geoeconómica del Banco es evidente. Es particularmente rico en peces, tortugas de carey, camarones y langostas y con un gran potencial en hidrocarburos.

Nicaragua desde el primer momento, presentó su más enérgica protesta ante la suscripción del tratado hondureño - colombiano de delimitación en el Caribe, tras considerar que violaba sus derechos soberanos.

Con el advenimiento del proceso de paz en la región centroamericana y tras el triunfo electoral en 1990 de Violeta Barrios de Chamorro, se da inicio a una nueva etapa en Centroamérica. La distensión en las relaciones hondureño - nicaragüenses, permite la celebración de reuniones binacionales a nivel presidencial, ministerial, y técnico, así como la celebración de Cumbres Presidenciales y Reuniones de Cancilleres Centroamericanos, en el marco de las cuales, se dio un nuevo impulso a la 1982.1 La importancia geoeconómica y retomaron principios básicos de la integración centroamericana, en el sentido de que los países centroamericanos nos debemos lealtad, solidaridad y respeto mutuo, además de tener la obligación de salvaguardar el patrimonio centroamericano 2 frente a terceros.

Es así como Nicaragua,  mostrando su voluntad manifiesta de Paz y en señal de buena fe, inicia un proceso de diálogo con Honduras y accede a retirar la demanda que había interpuesto contra Honduras en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la vez que Honduras se comprometía a no ratificar el Tratado López – Ramírez,  suscrito entre dicho país y Colombia. 3

Nicaragua y Honduras, deciden en el marco del restablecimiento de la confianza y de las buenas relaciones entre ambos países, crear una Comisión Binacional, para tratar temas de interés bilateral, entre los cuales se incluyeron los temas de delimitación marítima en el Caribe.4

En la década de los noventas, se realizaron varios contactos infructuosos y reuniones sin mayores resultados, debido a la negativa hondureña de alcanzar un acuerdo para solucionar la delimitación pendiente entre Honduras y Nicaragua en el Mar Caribe.

Sorpresivamente, en noviembre de 1999, las autoridades hondureñas, anuncian su intención de ratificar el Tratado López - Ramírez, suscrito con Colombia en 1986. Curiosamente, Honduras utilizó como argumento para proceder a la ratificación del Tratado, la existencia de negociaciones de límites entre Nicaragua y Jamaica, cuando en realidad, en el año 1997, autoridades de la Cancillería hondureña habían hecho públicas declaraciones sobre el inicio de negociaciones entre Honduras y Jamaica.5

Paradójicamente, dicha acción se produce en un momento en que las relaciones Nicaragua - Honduras, se encontraban fortalecidas y sobre todo en un momento, en que el huracán Mitch,  una de las mayores tragedias naturales jamás antes ocurrida en la región centroamericana, devastara a ambos países,  despertando un mayor sentimiento de unidad y solidaridad centroamericana y sobre todo, destacando aun más  la necesidad de dar un sustancial impulso al Sistema de la Integración Centroamericana, a fin de enfrentar unidos el reto de la reconstrucción y transformación de Centroamérica y aprovechar al máximo las oportunidades de la globalización, todo ello, tomando la inequívoca ruta de la tan anhelada Unión Centroamericana.

Lamentablemente, y muy a pesar de Nicaragua, los esfuerzos, resoluciones e incluso Resoluciones judiciales emanados del Sistema de la Integración han sido ignorados y desacatados por el Gobierno de Honduras,  lo cual, lejos de abonar a la unidad centroamericana, impone  un panorama más que desalentador en la región.

I. EL TRATADO  HONDURAS – COLOMBIA ( LOPEZ – RAMIREZ) PRETENDE LESIONAR LA SOBERANIA DE NICARAGUA EN EL MAR CARIBE

A través del Tratado López – Ramírez, Honduras y Colombia, en abierta contravención del ordenamiento jurídico internacional, se reparten entre sí, una extensa porción del territorio de Nicaragua en el Mar Caribe, pretendiendo reducir a la mínima expresión su Plataforma Continental, Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva y lesionando sus territorios insulares.

Colombia reconoce a Honduras su pretensión de imponer a Nicaragua unilateralmente como frontera marítima, el paralelo 14°59´08”, a cambio de un reconocimiento por Honduras, a favor de las pretensiones colombianas, del meridiano 82 como frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.

A.     Caso Honduras:

Honduras en abierta contravención al Derecho Internacional, pretende fijar unilateral y arbitrariamente en el paralelo 14°59´08”,  su frontera con Nicaragua en el Mar Caribe:

El problema principal surge de la pretensión de la República de Honduras, de querer fijar unilateralmente – en forma ilegal y arbitraria – la frontera marítima  entre dicho país  y; Nicaragua, en el Mar Caribe, en la línea del paralelo 14°59´08”.

Nicaragua desconoce la validez de cualquier Tratado sobre delimitación de aguas marinas y submarinas suscrito entre terceros Estados, que lesione su Soberanía e Integridad Territorial, como es el caso del Tratado suscrito entre Honduras y Colombia.

No existe ningún Tratado entre Honduras y Nicaragua, que establezca dicho paralelo como frontera marítima entre ambos países en el Mar Caribe. Las Repúblicas de Nicaragua y Honduras al delimitar su frontera terrestre, no establecieron límites en el Mar Caribe. Tampoco existe ningún límite tradicional ni reconocido históricamente en el paralelo 14°59´08”, como lo alega Honduras. Por el contrario, Nicaragua históricamente ha ejercido soberanía y jurisdicción, en áreas al Norte del paralelo 14°59´08”. Así mismo históricamente, nuestros pescadores, han realizado sus labores de pesca en la zona aludida.

Ambos países han reconocido en reiteradas oportunidades, que nuestra frontera en el Mar Caribe, aún no ha sido delimitada, existiendo Notas diplomáticas, Declaraciones e incluso una Sub Comisión Binacional encargada de delimitar nuestra frontera en dicho mar. En ese mismo sentido, basta hacer mención entre otros, del Oficio N° 254-DSM del 3 de mayo de 1982  dirigido por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Edgardo Paz Barnica, a su homólogo de Nicaragua, el cual literalmente expresa: “coincido con Vuestra Excelencia cuando afirma que la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua, no ha sido jurídicamente delimitada”.

La plataforma continental y demás espacios marítimos se extienden más al Norte de dicho paralelo, por la misma proyección de nuestro territorio y  de nuestras costas, independientemente del sistema de delimitación que se emplee. Jamás podría ser una línea horizontal, sino una línea inclinada hacia el Noreste.6

Los derechos de Nicaragua  llegan hasta el Banco Rosalinda que está en el punto medio de la línea entre el Cabo de Gracias a Dios y Jamaica.

B.    Caso Colombia:

En el Tratado López - Ramírez, suscrito entre Honduras y Colombia, Honduras reconoce a Colombia que su frontera marítima con Nicaragua es el meridiano 82 y reconoce como colombianos, todos los territorios situados al sur del paralelo 14°59´08” y al este del meridiano 82. Dicho Tratado, da por un hecho que existe una frontera en el meridiano 82 que separa los territorios de Colombia y Nicaragua, cercenando de esta forma espacios marítimos que legítimamente por la Historia, la Geografía y El Derecho pertenecen de forma incuestionable a la República de Nicaragua y forman parte integral del patrimonio territorial e inalienable de Centroamérica, que Nicaragua continuará defendiendo sin descanso.

- La pretensión de Colombia sobre el meridiano 82:

El Tratado Bárcenas Meneses – Esguerra,  suscrito en 1928 entre Colombia y Nicaragua, cuando ésta se encontraba bajo ocupación extranjera y cuya nulidad e invalidez sostiene Nicaragua, ha pretendido ser interpretado por Colombia como un Tratado de límites que fija la frontera en el meridiano 82, cercenando la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua y su Plataforma Continental.

Sumado a la nulidad e invalidez del tratado, la posición colombiana es insostenible por las siguientes razones:

En 1928, el Mar Territorial estaba situado a 3 millas marinas de las costas.  Los territorios nicaragüenses de San Andrés y Providencia, situados aproximadamente a 105 y 123 millas marinas respectivamente del litoral Atlántico de Nicaragua se ubican en lo que, en esa época, constituía mar abierto (Alta mar). Por consiguiente, no podía caber un Tratado de delimitación en el mar abierto. La pretensión colombiana cae por su propio peso.

En todo caso, en ninguna parte del Tratado se menciona la palabra “fronteras”. Por lo que es evidente que la intención jamás hubiese podido ser la de establecer las mismas.

En 1928, no existían los conceptos actuales de Zona Económica Exclusiva ni de Plataforma Continental, por lo que Nicaragua no podía ceder derechos que no se conocían en aquella época (1928)  y que fueron madurando en un proceso de varias décadas.

Hoy es norma del Derecho Internacional Consuetudinario que “la Plataforma Continental de un Estado ribereño, comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien, hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”  (Arto. 76, párrafo 1° de la Convención sobre Derecho del Mar).  Por su parte, “la Zona Económica Exclusiva, es un área más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y jurisdicciones del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta  Convención” (Arto. 55 de la Convención sobre Derecho del Mar)

En síntesis, el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, independientemente de la cuestión de su nulidad e invalidez, no puede constituir un tratado de límites.  Era jurídica y materialmente imposible constituir un tratado de límites en aquella época.

Así lo ha reafirmado la jurisprudencia de los tribunales internacionales, por ejemplo, en 1985 cuando se dictó un laudo en el caso en disputa entre Guinea y Guinea Bissau sobre la interpretación de un Tratado suscrito a fines del siglo XIX, que expresa claramente que los tratados firmados antes de la aparición de conceptos tales como Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva no tienen por objeto la fijación de fronteras marítimas.

II.  Afectación por parte de Honduras al Proceso de Integración Centroamericana

A. Tradición Integracionista de Nicaragua

La aspiración de tener una Centroamérica integrada ha sido una constante en el devenir histórico social, político y económico de los países de la región.  A lo largo de este proceso, Nicaragua se ha caracterizado por su profundo compromiso con la integración regional, propugnando por la Unión Política de Centroamérica. Así lo ha reflejado su dinámica participación desde los orígenes más remotos de lo que hoy en día conocemos como el Sistema de la Integración Centroamericana, tales como en: La Confederación Centroamericana o Convención de Chinandega, de 1842; la República Mayor de Centroamérica, de 1895; el Tratado de la Unión Centroamericana, de 1897; y más recientemente con la Declaración de Nicaragua, de 1997, donde se anunció la decisión de alcanzar una Unión Centroamericana.

Por otra parte, la vocación integracionista de los centroamericanos ha tenido entre sus principales motivaciones, la solidaridad y deseo mutuo de cooperación en aquellos momentos de la historia de los países en los cuales se ha visto amenazada la paz, la integridad territorial y la soberanía de algunos de sus Estados, por parte de terceros.  Ejemplo ilustrativo de ello son los no menos de catorce intentos de integración llevados a cabo por los centroamericanos entre 1842 y 1923.  Todos ellos propugnando por la unión política y teniendo como uno de sus principios fundamentales la preservación de la integridad y la soberanía de los países centroamericanos.

En todos estos intentos, Nicaragua siempre ha asumido una actitud beligerante y protagónica, de profundo compromiso por la unión centroamericana, habiendo procurado siempre honrar y ser consecuente con tales compromisos. Por ello, no es casual que la Constitución Política de la República privilegie entre sus principios fundamentales, la integración regional y propugne por la reconstrucción de la gran Patria Centroamericana.7

Es precisamente por esta vocación integracionista que vemos con doble preocupación la lamentable decisión del gobierno de la República de Honduras de ratificar el Tratado López - Ramírez, contraviniendo incluso la Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, que la conmina a que “suspenda procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor” del referido Tratado, en virtud de que ese Tratado no solamente lesiona gravemente la soberanía e integridad territorial de Nicaragua, sino que además atenta contra los más altos principios y propósitos que fundamentan el proceso de Integración regional, en flagrante violación a numerosos Tratados, Acuerdos y Declaraciones Presidenciales, Resoluciones Ministeriales y de los principales instrumentos jurídicos del Sistema de la Integración Regional, como es el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, donde los Estados se obligan a garantizar la defensa del patrimonio territorial, cultural y ecológico de Centroamérica.

Consecuentemente, desde la suscripción de este lesivo tratado, en 1986,  Nicaragua ha recurrido a los instrumentos que ofrece el Derecho Internacional y la Diplomacia para encontrar una solución negociada a esta situación.

B. Transgresión de Acuerdos, Resoluciones y Declaraciones del Sistema de la Integración Centroamericana

La tradición integracionista de los centroamericanos ha estado determinada por dos motivaciones principales:  la integración política y la integración económica y comercial.

En lo que respecta a la integración política, ésta ha girado históricamente alrededor del eje de la preservación de la identidad centroamericana, entendida desde el punto de vista geográfico, histórico, político y cultural, y basado en la solidaridad, unidad, cooperación y solución pacífica de controversias.  La carta fundadora de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), mejor conocida como Carta de San Salvador de 1951, para el caso, establece como el objeto de la Organización “fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna en esta región del Continente, prevenir y conjurar toda desavenencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiere surgir entre ellos; auxiliarse entre sí; buscar solución conjunta a sus problemas comunes  y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.”

Más adelante, en 1955, los Ministros de Relaciones Exteriores de la región se reunieron una vez más para suscribir la Declaración de Principios de Convivencia Centroamericana o Declaración de Antigua, mediante la cual los Estados declararon: “Su decisión de respetar la integridad e inviolabilidad territorial de los Estados y el principio de no intervención, así como de cumplir fielmente sus obligaciones internacionales.”

En esa misma reunión, los Estados declararon también: “Su propósito de defender el patrimonio territorial, económico y cultural de los Estados Centroamericanos incluyendo en el primero la plataforma continental y el mar territorial y epicontinental para que su aprovechamiento redunde en el mejoramiento integral de sus pueblos.”

Posteriormente, en las Declaraciones de Tegucigalpa y Panamá de 1962, los Estados Centroamericanos se comprometieron a ayudarse de forma solidaria en cualquier reclamación que tuviera uno de ellos con Estados no miembros del sistema centroamericano, sobre hechos relativos a su soberanía o integridad territorial.

En la década de los ochentas, los Ministros de Relaciones Exteriores de la región volvieron a pronunciarse a favor de la defensa del patrimonio territorial, cultural y ecológico de Centroamérica.  En la Declaración de San José, suscrita en Costa Rica, el 14 y 15 de marzo de 1980, los Estados afirmaron:

“Que el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia política son condiciones vitales para asegurar la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social de los Estados.”

“Su voluntad de mantener el pleno ejercicio de la soberanía y jurisdicción de sus Estados sobre su correspondiente Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Aguas Jurisdiccionales, Espacio Aéreo y territorios adyacentes, así como de los recursos marinos y geológicos.”

“la conveniencia de que los países de la región se presten apoyo mutuo y solidaridad, en los justos reclamos y reivindicaciones que sobre esta materia, así como territoriales, presenten frente a terceros Estados.”

Cabe tener presente que los Acuerdos contenidos en estas Declaraciones forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana, dado que el Protocolo de Tegucigalpa que crea el SICA dejó vigentes entre sus Estados Miembros las disposiciones acordadas en esfuerzos integracionistas precedentes y contenidas en acuerdos o tratados anteriores, siempre que las mismas no se le opusiesen.  Por tanto, Honduras está obligada a su acatamiento.8

Luego de casi una década de crisis política en la región durante la cual el conflicto Este - Oeste tuvo una incidencia directa, una vez más el espíritu centroamericanista logró sobreponerse, con las reuniones de Esquipulas y el advenimiento de la Paz en la región, se logró institucionalizar las reuniones de Presidentes, como una instancia necesaria y conveniente para analizar los problemas más urgentes que se presentaran en el área con relación a la paz y al desarrollo regional a fin de buscarles soluciones apropiadas.  En las sucesivas reuniones de Presidentes centroamericanos, se han reiterado estos principios.

La decisión de Honduras está igualmente reñida con el espíritu y letra de la Declaración de Nicaragua del 2 de septiembre de 1997, en la cual, los gobernantes centroamericanos, comprometidos con los principios que fundamentan la integración regional y consecuentes con su profunda convicción en el sentido de que la integración es el medio más adecuado para alcanzar el desarrollo sostenible de sus pueblos, propugnaron por la Unión Centroamericana  diciendo:

“Nuestro Istmo constituye una unidad geográfica y ecológica indivisible, cuyos pueblos y naciones representan una extraordinaria diversidad cultural y étnica, con una lengua e historia común. Compartimos en el Istmo un patrimonio colectivo cuyo aprovechamiento, en el siglo venidero, estará condicionado por desafíos extraordinarios que sólo podrán ser exitosamente enfrentados de manera conjunta, en un espíritu de confraternidad y solidaridad.”

C. Violación de la normativa jurídica de la Integración

El Tratado López - Ramírez, además de constituir una amenaza a la soberanía territorial de Nicaragua, atenta contra los más altos principios y propósitos que fundamentan el proceso de Integración Centroamericana y viola los principales instrumentos jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana.

En primer lugar, viola los principios fundamentales del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), entre ellos, el principio de Solidaridad centroamericana, el principio de seguridad jurídica; de solución pacífica de controversias y el de buena fe.9

Viola asimismo el Tratado Marco de Seguridad  Democrática en Centroamérica, aprobado en diciembre de 1995, en lo que respecta a los principios de seguridad jurídica, las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región y el principio de la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados en el marco de la integración centroamericana, entre otros.10

D. Desestimación de los esfuerzos que ofrecen los mecanismos y Órganos del Sistema de la Integración Regional (PARLACEN, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, diálogo bilateral):

Al tener conocimiento de que la hermana República de Honduras, se disponía a aprobar y ratificar un Tratado de Delimitación Marítima con la República de Colombia, pretendiendo imponer unilateralmente límites marítimos a la República de Nicaragua, violentando con ello nuestros derechos soberanos, el Gobierno de Nicaragua acudió de inmediato a los medios pacíficos de la persuasión y el diálogo con las autoridades de la hermana República de Honduras.

Congruente con lo anterior, el Gobierno realizó acciones políticas y diplomáticas inmediatas, encaminadas a disuadir a Honduras de llevar a cabo la ratificación del Tratado, tomando contacto con Presidentes y Cancilleres de la región, el Parlamento Centroamericano y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, entre otros.

Cabe resaltar el intento infructuoso del Señor Presidente de la República, de formalizar un diálogo urgente con el Gobierno del país vecino, quien en conversación telefónica con su homólogo hondureño, logró de este último el compromiso de enviar a su Canciller Roberto Flores Bermúdez, el lunes 27 de noviembre, a una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, reunión que por iniciativa hondureña fue cancelada sin que mediara explicación alguna que justificara tal decisión.

Una vez confirmada la decisión del Gobierno de la República de Honduras de proceder a la aprobación y ratificación de dicho Tratado, nuestro país con amplia trayectoria integracionista, acudió de inmediato a hacer uso de los medios pacíficos que ofrece nuestro Derecho de Integración Regional, al solicitar a la Corte Centroamericana de Justicia la adopción de medidas cautelares para evitar la ratificación de dicho Tratado, al considerar que tal acción violenta normas del Derecho de Integración Regional.

La Corte Centroamericana de Justicia el 30 de noviembre de 1999, emitió resolución admitiendo la solicitud nicaragüense, y ordenó a la República de Honduras que suspendiera el procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor del Tratado sobre Delimitación Marítima entre Honduras y Colombia, no obstante y a pesar de que las decisiones de dicha Corte son de obligatorio cumplimiento, Honduras procedió a la ratificación, atentando contra el proceso de integración.

A pesar del injustificable desacato de la parte hondureña, Nicaragua, con la firme convicción de no escatimar ningún esfuerzo de solución pacífica, convocó a una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, con el propósito exclusivo de abordar la problemática creada a partir de la intención de Honduras de ratificar el cuestionado Tratado López- Ramírez .

Paralelamente, los representantes nicaragüenses ante el Parlamento Centroamericano promovieron distintas iniciativas conducentes a la búsqueda de un diálogo fraternal que condujera a soluciones en el contexto regional y acordes con los dictados de los principales instrumentos jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana.  Como parte de estos esfuerzos destacan:

Resolución instando al Gobierno de la República de Honduras a desistir de todo trámite de ratificación del Tratado López - Ramírez.

Creación de una comisión de alto nivel compuesta por ex Presidentes de Centroamérica para promover el diálogo entre los presidentes de Nicaragua y Honduras.

E. Desacato de la Resolución de obligatorio cumplimiento del máximo órgano judicial centroamericano (Corte Centroamericana de Justicia)

El Estado de Nicaragua, al confirmar la decisión de Honduras de aprobar y ratificar el Tratado sobre Delimitación Marítima que suscribieran las Repúblicas de Honduras y de Colombia en agosto de 1986,  decidió solicitar el 29 de noviembre de 1999 a la Corte Centroamericana de Justicia la adopción de medidas cautelares para evitar la ratificación de dicho Tratado.

El 30 de noviembre de 1999, a las 15:00 horas, la Corte Centroamericana de Justicia, resolvió por mayoría de votos:

Admitir la demanda interpuesta por el Estado de Nicaragua en contra del Estado de Honduras.

Dictar medida cautelar consistente en que el Estado de Honduras suspenda el procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor del Tratado.

Instar a los responsables políticos de Nicaragua y de Honduras, así como de los Órganos Fundamentales de la Integración y de los demás Estados del Sistema de la Integración, a agotar todos los medios que conduzcan a la integración plena de Centroamérica y a preservar la Comunidad Centroamericana y su patrimonio.

No obstante la decisión de la Corte, la noche del 30 de noviembre, el Congreso Nacional de Honduras, con posterioridad a la notificación de la decisión obligatoria de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobó el Tratado, procediendo el Presidente de la República a ratificarlo, y se publicó en La Gaceta, aún cuando las resoluciones de esta Corte tienen carácter obligatorio y no admiten recurso alguno.11

III. Nicaragua reitera su voluntad de utilizar los medios de solución pacífica para resolver sus diferencias:

El Gobierno de la República de Nicaragua, con la firme convicción de que la presente situación debe ser solventada utilizando los medios de solución pacífica, continúa haciendo uso de los mecanismos, que para tal efecto, ponen a disposición los miembros de la Comunidad Internacional, la Diplomacia y el Derecho Internacional.

En tal sentido, el 4 de diciembre de corriente año, Nicaragua convocó una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la cual se llevó a cabo el lunes 6 de diciembre.

El Vice Canciller de la República, encabezando la delegación nicaragüense, solicitó ante dicho Consejo que la Organización de Los Estados Americanos tomara las medidas conducentes a preservar la paz en la región, ante las acciones de Honduras que lesionan la soberanía e integridad territorial de Nicaragua, requiriendo la presencia de observadores internacionales en mar y tierra.

De igual manera, el Gobierno de la República de Nicaragua ha manifestado explícitamente en diversas oportunidades su más firme vocación de paz y la utilización de todos los medios a su alcance, a fin de prevenir cualquier conflicto que pudiese poner en peligro la estabilidad de la región.  Así se lo ha hecho saber al Gobierno de la República de Honduras mediante notas diplomáticas y pronunciamientos públicos.

Asimismo, se han hecho reiterados llamados al pueblo de Nicaragua para que confíe en los instrumentos que ofrece el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario para la solución pacífica de controversias, y apoyen las iniciativas diplomáticas que se están llevando a cabo para preservar la paz en la región.

IV. Conclusiones:

No obstante la  lesiva acción tomada por Honduras y Colombia de ratificar un Tratado de delimitación marítima entre ambos países, en el Mar Caribe, ignorando por completo  los derechos de un tercer país, en este caso Nicaragua. Este Tratado es para Nicaragua, lo que en términos jurídicos se define, como “res interalios acta” es decir, no crea ningún derecho para Honduras, ni para Colombia, con respecto a Nicaragua. El Derecho Internacional aplicable a la delimitación de fronteras marítimas define muy claramente que las fronteras marítimas tienen que ser establecidas mediante acuerdo entre los Estados interesados.12

También es norma del Derecho Internacional Consuetudinario y del Derecho de los Tratados,13 que un Instrumento Jurídico no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento, consentimiento que Nicaragua no sólo no ha prestado sino que el Tratado le ha merecido su más clara, pública y enérgica protesta así como su más absoluto rechazo.

En consecuencia, en defensa de los derechos soberanos de Nicaragua, convencido en que la razón y la justicia se impondrán, el Estado nicaragüense ha decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), a la vez que proseguirá cualquier acción legal iniciada en el marco de la integración centroamericana y cualquier otra acción pacífica que esté encaminada a preservar la integridad territorial y los derechos soberanos de  Nicaragua, la Nicaragua de todos y para todos.


1 Ver Paz Aguilar, Ernesto. Ex Canciller de Honduras "Breves consideraciones sobre el Proyecto de tratado de delimitación de espacios marítimos entre Honduras y Colombia", Revista Prisma, 1986, Tegucigalpa, pp. 19-25.

2 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995;  y Declaraciones de 1955, 1962, 1980, y 1992, entre otros.

3 Declaración de la Ex Presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, suscrita el 29 de noviembre de 1999.

4 Acta Constitutiva de la Comisión Binacional Honduras-Nicaragua, Managua, 20 de abril de 1995; y Acta de la Segunda Comisión Binacional Honduras-Nicaragua, Tegucigalpa, 16 de junio de 1995, entre otras.

5 Cable PA4010 de ACAN-EFE, “Honduras-Jamaica emprenderán negociaciones para delimitar frontera en el Mar Caribe”, fechado en Tegucigalpa, el 3 abril de 1997.

6 Ver areas aproximadas.

7 Constitución Política de la República de Nicaragua, artículo 5 in fine y artículo 9.

8 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 13 de diciembre de 1991, artículo 35 in fine.

9  Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, artículo 4, incisos c) d), g) y h); artículo 6 y artículo 35.

10 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, párrafos 4 y 5 del Considerando; artículo 26, incisos a), b), c), h), i), j); artículo 27, inciso f); artículo 45. 

11 Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, del 10 de diciembre de 1992, artículo 39.

12 Ver Corte Internacional de Justicia, caso Gulf of  Maine (ICJ Reports 1984, pág 292, párrafo 89). Véase también los artículos relevantes en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

13 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969,  artículo 34.

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